Bajo el discurso anticorrupción, el gobierno ejecuta una reorganización de la Autoridad Nacional del Agua que favorece a las empresas agroexportadoras y agroindustriales. El ministro Ángel Manero, cuya familia es propietaria de una exportadora de mangos y paltas, encargó los cambios a un asesor cuestionado que propuso eliminar controles clave. Ya se han relajado requisitos técnicos y filtros ambientales, mientras solo 59 empleados deben fiscalizar más de 460 mil derechos de uso de agua en todo el país.